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Hernández-Martí asistió ayer como oyente a la mesa redonda virtual organizada por la OEPM donde se puso de relieve la reacción en materia de propiedad industrial de la OEPM y del Gobierno frente a una posible vacuna o tratamiento que ayude combatir la actual pandemia provocada por el Covid-19.

Actualmente no existe vacuna o medicamente que pueda paliar los efectos de la pandemia. Se resaltó pues que la función de la oficina es la de facilitar y difundir toda la información y literatura de patentes del ámbito aplicativo que se dispone para contribuir al desarrollo en la investigación. En la página oficial de la OEPM se ha puesto a disposición del público diferentes Boletines oficiales de vigilancia tecnológica en relación con los posibles tratamientos información relevante frente al Covid-19.

Sin embargo, ayer se expusieron los posibles mecanismos recogidos en la vigente Ley de Patentes (Ley 24/2015) y en diversos tratados internacionales (ADPIC, Convenio de Madrid…) que podrían activarse en caso de que en los próximos meses se recibieran solicitudes de patentes de invención, tanto la posible vacuna como un medicamento.

Los ponentes coincidieron en que la concesión de una licencia obligatoria por motivos de interés público sería el supuesto que mejor encajaría frente a una solicitud o registro de patente que tenga un impacto positivo en el control del Covid-19. Este supuesto se encuentra regulado en el Artículo 95 de Ley 25/2015 y es un mecanismo de fácil y rápida implementación, el cual se regularía a través de un Real Decreto acordado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde ya se podrían indicar los cánones y los términos de la licencia. Se evitarían así posibles prácticas anticompetitivas y se aseguraría el abastecimiento de la demanda nacional.

En cualquier caso, tanto los ponentes invitados, así como la OEPM señalaron que hay que ir con cautela para no desincentivar la investigación sin fijar medidas que sean cuasi confiscatorias, y, por otro lado, evitar negociaciones innecesarias entre las partes, puesto que tampoco se puede permitir una demora en la puesta en marcha de la licencia debido a la situación de extrema urgencia generada por la enfermedad del Covid-19.